El sindicalismo en la Transición Española (II)

Se inicia la firma de los pactos sociales

Los sindicatos sirvieron como instrumentos de consenso en cada una de las grandes empresas de sectores siderúrgico y naval. Su propósito consistió en evitar que las decisiones que afectaban a millares de personas fueran tomadas sin su consentimiento y, en este sentido, evitaron un estallido social de conscuencias incalcuables. Su actuación fue, por tanto, responsable (Tusell, en Marín Arce, 1.997:12)

Los sindicatos más comprometidos con la defensa de la democracia, UGT y CCOO, comenzarán la era de la firma de los grandes pactos sociales a partir del triunfo de la UCD en las primeras elecciones generales de 1.977. Ya que no se pueden lograr beneficios mediante una movilización de dudosos resultados, y que corre el riesgo de destabilizar la democracia, hundir la economía y destruir las naciones organizaciones, se impone negociar con el gobierno y la patronal, y llegar a acuerdos al margen del conflicto.

Estos pactos estarán totalmente fuera del control de las bases de los sindicatos y de los trabajadores en general. No pudieron intervenir en el proceso de negociación, ni tampoco comprenderlos. Fueron escritos en un castellano farrogoso y difícil, para que no puedieran ser entendidos.

Finalidad de los pactos

El primer Pacto Social, el de los Pactos de la Moncloa, no fue firmado directamente por los sindicatos, sino por los partidos políticos, PCE y PSOE, que en 1.977 dominaban a los aparatos sindicales. Teniendo en cuenta que las facilidades en el despido habían sido promulgadas anteriormente por el gobierno, al eliminar la obligación del empresario a readmitir al trabajador en caso de despido improcedente (derogación del art. 35 del D. L. de Relaciones Laborales del 8/4/76, que eliminaba el “incidente de no readmisión”), con los Pactos de la Moncloa, los partidos de izquierda y los sindicatos se comprometían con una política económica de control de la inflación que consistía, en lo fundamental: primero, en imponer un tope a los incrementos salariales (la tasa de inflación de 1.977 fue del 27%, y el tope salarial del 22%); segundo, intentar crear empleo, por el procedimiento de bonificar a los empresarios, abaratándoles las cuotas de Seguridad Social; y tercero, disminuir los subsidios a los trabajadores desempleados. Esta política liberal ha continuado durante 20 años con resultados positivos muy dudosos en América Latina, en otras zonas del planeta y nuestro propio país.

A cambio se entendía que a partir de este momento UGT y CCOO adquirían el status y el monopolio de representantes legales de los trabajadores ante el Estado. A pesar de las resistencias de algunos sectores de CCOO, una vez recibida la consigna de defensa de los pactos, CCOO se dedicará con entusiasmo a su implantación y cumplimiento, convocando miles de asambleas y mítines por todo el país. UGT fue a este respecto mucho más comedida, dadas las reticencias del PSOE. Pero mientras que los sindicatos sí cumplieron los pactos firmados desde arriba, los empresarios los incumplieron en lo que a ellos les tocaba en cuanto a reparto fiscal, creación de empleo y derechos sociales. Incumplimientos sistemáticos denunciados por Felipe Gonzales y otros líderes de la izquierda que no obtuvieron respuesta sindical.

Todos los acuerdos posteriores, desde la firma en 1.979 del Acuerdo Básico Interconfederal (ABI), entre la CEOE y la UGT, hasta la última Reforma Laboral suscrita por la patronal, CCOO y UGT seguirán la misma tónica: regulación de la negociación colectiva, regulación de las condiciones de trabajo y contratación facilitando el despido al empresario, topes salariales, incentivos económicos y subvenciones a los empresarios y, como contrapartida, institucionalización de las organizaciones sindicales (UGT y CCOO), y patronales (CEOE y CEPYME).   La promesa en 1.977 fue que con estas medidas se saldría de la crisis y se acabaría con el desempleo.

Comisiones también acta. Competencia con la UGT

CCOO fue inicialmente más tímida a la hora de firmar los pactos sociales. Pero las reticiencias se debían a las maniobras políticas del momento. Marcelino Camacho estuvo en un principio en contra de los Pactos Sociales, pero a favor de los Pactos Políticos (en los que intervenía el gobierno y los partidos) y que darían mayor protagonismo al PCE. Sin embargo, la iniciativa del sindicato socialista la arrastró a esta política de buen grado o por la fuerza.

La administración del Estado para nada quería un sindicato hegemónico conflictivo. Mientras CCOO siguió una política moderada, en consonancia con las tesis del PCE, la UGT intentó desgastar a la UCD en beneficio del PSOE, con escaso éxito dada su mínima implantación. UCD, por su lado, tanteó a la USO, procurando promocionarla como tercera fuerza sindical durante algún tiempo. Las presiones de la CEOE sobre Adolfo Suárez, en el sentido de evitar la colaboración con el PCE, llevaron al centro a aliarse con los socialistas y la UGT. Inmediatamente, la UGT se desmarcó de las movilizaciones y las huelgas, y se lanzó a pactar con la patronal. Todos estos movimientos políticos se sucedían de forma mareante, y quien un mes era radical, al siguiente amanecía responsable y unitario.

A mediados de 1.979 UGT firma con la CEOE el acuerdo Básico Interconfederal (ABI), una declaración de intenciones que preparaba el camino a sucesivos pactos. Se inica de inmediato otra tanda de reuniones para concretar el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI), en cuya negociación intervienen la UGT, CCOO y CEOE. Pero a finales de año y aunque en el proceso negociador CCOO había contribuido positivamente a la redacción del texto, la modificación unilateral el mismo por UGT y la CEOE hace que CCOO se retire y denuncie el pacto, que será firmado finalmente el 5 de enero de 1.980 y el 1 de marzo se decreta el Estatuto de los Trabajadores por el gobierno, en el que la UGT interviene a través de las enmiendas que introduce el PSOE en el texto (Marín Arce, 97:213-214).

CCOO reacción a estas medidas llamando a la movilización, constatando que sus convocatorias no eran respondidas en la medida de lo esperado por una parte y por otra, que en ocasiones acababa siendo rebasada por los propios trabajadores o por otros sindicatos situados a la izquierda. En este sentido hubo diferencias entre los procesos movilizadores de 1.979 y 1.980, decididos en las cúspides con finalidades políticas y que al decir de CCOO debían ser “controlados, graduales, coordinados, masivos, no indefinidos y de no excesiva duración, evitando la conflictividad” (Martín Arce, 97:209-210). 1.979 fue el año de mayor número de huelgas, pero no el de mayor entusiasmo.

UGT por su parte, después de la firma del AMI se desmarcó de cuaquier conflicto, cumpliendo escrupulosamente su parte del pacto, en lo que se refería a la aceptación de los topes salariales.

Recordemos que tanto los líderes del PCE como CCOO se encontraban comprometidos en una lucha por entrar en las instituciones del sistema democrático y presentarse así como gestores con capacidad de gobernar. Deseaban mostrar una imagen de identidad con el nuevo régimen y de moderación (aceptación de la monarquía heredera del franquismo, empleo de la bandera bicolor, renuncia al lenisnismo, Constitución, …). Quedar al margen de los pactos significaba perder representación institucional, beneficios económicos, locales sindicales y aumento de estructura. Todo ello iba en detrimento de la organización que les estaba ya dando empleo.

También era visible que los líderes sindicales desconfiaban profundamente de la iniciativa de los trabajadores. Movilizarlos significaba quemarlos o correr el riesgo de ser rebasados o la humillación de no ser secundados con la pérdida de legitimidad subsiguiente. Y de todas formas se afirmaba que un movimiento excesivamente vasto pondría en peligro la siempre presunta delicada salud de la democracia, molestando a unos militares apartados de la política pero irritados con los problemas del separatismo y el terrorismo. Con este tango a paso de voy pero vengo supuso la demoralización generalizada de los trabajadores y la aparición del desencanto hacia 1.978/1.979: las huelgas no obtenían resultados. El paro continuaba aumentando. Los mensajes ideológicos del Estado auguraban el desastre si continuaba la conflictividad. Los líderes de izquierda reforzaban estos mensajes. Además, los sindicatos contribuyeron a individualizar, localizar y focalizar las luchas, rompiendo la solidaridad entre los trabajadores. En consecuencia, la firma de los pactos por CCOO llegó trambién de forma inevitable, dado que anteriormente los habían apoyado con los hechos.

Oposición frontal de la CNT

La CNT se opuso a estos acuerdos desde un primer momento, consciente de que representaban un coste muy elevado para la clase obrera, no sólo por la pérdida de derechos económicos y sociales para los trabajadores, sino también porque pretendían dar por cerrado el proceso de reforma política, poniendo punto final a las aspiraciones rupturistas y revolucionarias. La crítica anarcosindicalista a los Pactos representaba una amenaza tanto para las medidas de reajuste económico, que hacían recaer el peso de la crisis sobre una clase trabajadora combativa como la española, como para el modelo sindical impuesto.

Durante él ultimo tercio de 1977 la CNT fue construyendo una convergencia de las fuerzas sindicales y sociales que estuvieran contra el Pacto de la Moncloa y que en algunos momentos hizo dudar hasta las dinámicas sindicales de los aparatos y las cúpulas de CC.OO. y UGT.

En este contexto, el Comité Regional de Cataluña de la CNT tomó la iniciativa de proponer a los Comités de Cataluña de UGT y CC.OO., la formación de una mesa de análisis y discusión crítica conjunta del Pacto de la Moncloa. De estas jornadas que las delegaciones de los tres sindicatos catalanes desarrollaron durante el mes de septiembre y octubre de 1977, surgió el acuerdo de convocar a una manifestación en contra de los Pactos de la Moncloa, que tuvo lugar en Barcelona en octubre, y en la cual participaron 400.000 trabajadores. Fue este el primer y último acto unitario del movimiento obrero durante toda la transición.

De lo que se trataba con la manifestación era de desbaratar el pacto entre el estado y el conjunto de la burguesía que pretendía poner en cintura al conjunto del movimiento obrero español y disciplinarle al plan de estabilidad. Es decir, que se resignara a perder todo lo conquistado en la lucha contra el franquismo para recomponer las condiciones de la explotación de trabajo ajeno. La burguesía sabía que sin este consentimiento del movimiento obrero, la transición al chollo de la democracia era imposible.

Y la gravedad del asunto no estribaba tanto en el propio radicalismo de la CNT, sino en que ésta había conseguido que su razón política gravitara sobre las secciones catalanas de UGT y CC.OO, haciendo posible que esa cualidad reivindicativa suya se trocara en cantidad superando las limitaciones ideológicas y organizativas del movimiento obrero en Cataluña. Por lo que ante la manifestación de 400.000 personas recorriendo las calles de Barcelona en octubre de 1977, saltó la alarma entre la patronal de que lo ocurrido en Cataluña se extendiera por el resto del país como una mancha de aceite. Fue cuando la partidocracia burguesa de derecha e izquierda se puso a temblar, decidiendo cortar esta movida a sangre y fuego, utilizando todos los medios, incluidos los ilegales, para evitar que el movimiento obrero a escala nacional se alzara unido contra el proyecto de la burguesía y del gobierno.

Las protestas en contra de los Pactos de la Moncloa tuvieron una gran extensión, reflejando la oposición de los trabajadores a pesar del papel que jugaban las direcciones sindicales de UGT y CCOO fuera de Cataluña. A lo largo de todo el mes de noviembre se celebraron grandes manifestaciones en las principales ciudades del país.

Así fue cómo lo primero que acordaron hacer los demócratas cerrando filas en torno al gobierno postfranquista, fue aislar a la CNT para conseguir que las disidentes cúpulas catalanas de UGT y CC.OO. volvieran al redil de la transición pactada. Los dirigentes de CCOO no tardaron mucho en seguir vergonzosamente la postura de Carrillo, haciendo todo lo posible por desmovilizar y desilusionar a los trabajadores. La dirección de UGT, que inicalmente había rechazado la idea de un pacto social, tanto antes como después de las elecciones de junio de 1977, comenzó a retroceder, manteniendo una postura más ambivalente y afirmando que el PSOE había obtenido mejoras en las condiciones de los acuerdos.

La CNT se estaba quedando sola en la batalla y pasó a ser el único gran sindicato que nucleaba un frente contra el pacto social en el que se agrupaba buena parte de la izquierda radical, otros sindicatos de corte asambleario y algunos movimientos sociales. Pero lo que convertía a la CNT en un peligro potencial no era su fuerza en aquel momento, sino su posible capacidad para encauzar el descontento social que inevitablemente iba a producirse.

En estos años creció desorbitadamente el desempleo y se produjo un fuerte incremento de la carestía de la vida. La calidad de la vida de los trabajadores y de las clases populares sufrió un importante deterioro, que no tenía la debida respuesta porque las fuerzas mayoritarias de la izquierda ya habían aceptado el pacto político y social y no deseaban poner en peligro lo logrado. En estos momentos se percibía con claridad la posibilidad de un golpe de estado militar que devolviera al pais a la situación anterior. Ante esa disyuntiva la izquierda mayoritaria prefirió pactar para conservar lo conquistado y el precio fue hipotecar la fuerza de los trabajadores y renunciar a la posibilidad de crear un sindicalismo fuerte y autónomo.

En diciembre de 1977 el gobierno de Suárez decretó la nueva ley de elecciones sindicales para determinar la representatividad de los sindicatos. La no delegación de las responsabilidades a través del voto llevaba a la CNT, lógicamente, a no aceptar las elecciones sindicales, que además constituían (y constituyen) la puerta de entrada a toda la corrupción sindical: subvenciones, liberados, cargos remunerados, ejecutivismo, etc.

CNT lideraba un gran movimiento social y cultural que no encajaba en el sistema que se estaba configurando. Al mismo tiempo, las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT, en perfecta sintonía con los criterios del PCE y el PSOE, terminarían asumiendo los Pacos de la Moncloa incluso con entusiasmo y hasta lo proclamarían como una gran victoria de los trabajadores. Por todo esto, no se podían dejar cabos sueltos que pudiesen poner en peligro el programa económico pactado por los partidos políticos y poco después asumido por sus sindicatos correspondientes.

Y entonces llegó el 15 de enero de 1978, día en el que la anarcosindical había convocado una nueva manifestación en Barcelona contra los Pactos de la Moncloa y las elecciones sindicales y a la que acudirían unas diez mil personas.

Poco después de finalizar la manifestación, la sala de fiestas barcelonesa “Scala” comenzó a arder a causa de un artefacto explosivo; cuatro empleados fallecieron, de los que tres eran afiliados a la CNT. No pasó mucho tiempo hasta que los servicios de polícia acusaron al movimiento libertario de estar detrás del incendio, lo que dio comienzo a una campaña de acoso, desprestigio e intoxicación contra la CNT, amplificada por los medios de comunicación.

El caso Scala marcaría un punto de inflexión para el anarcosindicalismo y con el comenzaría la crisis de la CNT y del anarquismo español en general. La pesadilla había comenzado.

Pero para el sindicalismo subvencionado la fiesta no había hecho más que conenzar con el primer reparto del pastel. Al día siguiente de la manifestación, entre el 16 de enero y el 6 de febrero de 1978, se celebrararon las primeras elecciones sindicales a comités de empresa -CNT mantendría su acuerdo de no participar- donde CCOO y UGT obtuvieron en conjunto más del 70% de los delegados. Aún así, se produjo una notable abstención, mucha de la cual provino del boicot que la CNT realizó. La abstención se calculó entre un 20% y una 60% en Cataluña según el ramo, entre un 20% y un 40% en Valencia y de un 20% a un 30% en el resto del país.

A través de la financiación estatal que recibían por la representación obtenida, los privilegios concedidos como “sindicatos más representativos” y la restricción creciente de los derechos democráticos internos de la afiliación, se fue fortaleciendo una burocracia dirigente, cada vez más independiente de la base afiliativa y de los trabajadores, y más dependiente del aparato estatal y de la patronal. Las huelgas, a diferencia del período anterior, se daban ahora sólo por motivos económicos y, a pesar de que las direcciones sindicales habían aceptado los topes salariales, muchas movilizaciones se enfrentaron a la pérdida de poder adquisitivo provocada por los Pactos de la Moncloa. Se produjeron varias huelgas generales en la construcción y en el metal. Sin embargo, el número de jornadas de huelga disminuyó sensiblemente en relación con los años anteriores.

Recursos para profundizar

Fuente

Democracia y sindicalismo de Estado. Elecciones sindicales en el área sanitaria de SevillaFernando Ventura Calderón.  Ed. Fundación Anselmo Lorenzo

Pactos de la Moncloa CNTPedia

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